Agro, economía y política
Por Claudio Scaletta
Hablar de economía para entender lo sucedido en el debate por las retenciones móviles, aunque las retenciones sean un problema económico, se volvió extraño. Como afirmaron taxativamente los senadores de la oposición durante el debate parlamentario, la discusión dejó de ser económica para convertirse en estrictamente política. “Ya no se debaten sólo las retenciones”, dijeron. No sin impostación, hablaron de “República” y división de poderes. Los legisladores oficialistas se expresaron en una línea similar. Sostuvieron que lo que estaba en juego no era un determinado esquema arancelario, sino un “modelo de país”.
Cualquiera sea el caso, el problema pudo convertirse en político por la preexistencia de un sustrato económico. Aquí viene la segunda extrañeza. Quienes iniciaron la protesta no fueron los desesperados emergentes de una crisis, sino los sectores más acomodados de la sociedad: el nuevo bloque de poder agroexportador consolidado a partir de 2002.
Este nuevo poder económico no está integrado sólo por los chacareros de la periferia de la zona productora núcleo que se mostró por TV. Se trata en realidad de un entramado más complejo y extenso que, además de la producción primaria, incluye a las grandes multinacionales proveedoras de insumos, tecnología y servicios. También a la constelación de pymes proveedoras de servicios, tanto los directos a la producción primaria, como el comercio y el transporte. Y por supuesto, también a los nuevos rentistas que surgieron de una novel conjunción: la necesidad de una mayor escala en la producción por el cambio técnico y la afluencia de ingentes masas de capital financiero al sector. La conjunción resultó posible no sólo por las propiedades inmanentes de la fertilidad de la pampa, sino porque merced a la evolución de los precios internacionales el sector ofrece, aun con retenciones, tasas de ganancia por encima de la media de la economía. La contracara de los vituperados pools de siembra y fondos de inversión agraria, entonces, son estos nuevos rentistas que se manifestaron ruidosamente en las ciudades. En los medios de comunicación, en tanto, el nuevo bloque de poder económico reemplazó en el ranking de anunciantes a las privatizadas, que hegemonizaban el aporte a la torta publicitaria durante los ’90. El “enemigo” al que el Gobierno decidió doblar la apuesta en varias oportunidades es el más poderoso de la nueva Argentina.
Pero si bien esta lucha entre Gobierno y un poder corporativo es parte del escenario, resulta insuficiente para explicar el enfrentamiento de más de cuatro meses y la creciente disgregación de la “Concertación Plural” que, entre otros efectos, rescató a la Unión Cívica Radical de un seguro ocaso en las últimas elecciones presidenciales, esos mismos “Radicales K” que ayer dieron la espalda al aliado circunstancial regresando a su vieja entraña conservadora. Es una explicación insuficiente, porque los actores de la disputa no fueron sólo los dos principales. Las clases medias tuvieron un papel protagónico. Con su ecléctico apoyo urbano a la protesta campera brindaron el contexto para que una reacción puramente corporativa se transforme en movimiento social.
Y aquí, una vez más, lo económico se confunde con lo político. La protesta liderada por “el campo” coincidió con el momento en que la erosión del consumo de los sectores medios por vía de la inflación comenzaba a volverse palpable. La economía no entró en crisis, pero los números oficiales del Indec se convirtieron en una burla mensual al bolsillo de los asalariados. Es muy probable que el Gobierno haya desdeñado el efecto de esta manipulación de las estadísticas sobre el humor social, pero la convergencia se volvió explosiva y la desconfianza se extendió a la totalidad de los actos de gobierno. Recién entonces el estilo cerrado de ejercicio del poder K comenzó a molestar a quienes antes lo toleraban e incluso acompañaban en las urnas. Luego, el proceso se retroalimentó. Quitarle las rutas a la economía por 100 días melló las expectativas, generalizando un clima de zozobra casi incomprensible en un período de expansión económica.
Desde el punto de vista económico, la derogación de la Resolución 125 representa un paso atrás en la búsqueda del equilibrio entre las diferentes ramas de la producción agraria. La sojización del agro local se profundizará, aunque en este punto debe reconocerse que las compensaciones ya habían licuado parte de los efectos. Incluso los recaudatorios: Pensaban recaudarse 1200 millones de dólares extra a la vez que se otorgarían compensaciones por 800. El neto sería sólo de 400 millones. Desde el punto de vista de “la caja” la soja a casi 600 dólares la tonelada garantiza la ausencia de problemas más allá de que las retenciones regresen al 35 por ciento. Lo que sí se perderá son las consecuencias macroeconómicas de la medida, en particular la acción de barrera frente a la inflación importada. Sin embargo, las retenciones no son el único instrumento que el Estado dispone para reequilibrar la producción agraria y controlar la inflación. Seguramente los técnicos del Ministerio de Economía estarán por estas horas evaluando alternativas. En materia de inflación, deberá reconocerse que la manipulación de las estadísticas agrava el problema. No es posible combatir lo que se dice que no existe.
Por Claudio Scaletta
Hablar de economía para entender lo sucedido en el debate por las retenciones móviles, aunque las retenciones sean un problema económico, se volvió extraño. Como afirmaron taxativamente los senadores de la oposición durante el debate parlamentario, la discusión dejó de ser económica para convertirse en estrictamente política. “Ya no se debaten sólo las retenciones”, dijeron. No sin impostación, hablaron de “República” y división de poderes. Los legisladores oficialistas se expresaron en una línea similar. Sostuvieron que lo que estaba en juego no era un determinado esquema arancelario, sino un “modelo de país”.
Cualquiera sea el caso, el problema pudo convertirse en político por la preexistencia de un sustrato económico. Aquí viene la segunda extrañeza. Quienes iniciaron la protesta no fueron los desesperados emergentes de una crisis, sino los sectores más acomodados de la sociedad: el nuevo bloque de poder agroexportador consolidado a partir de 2002.
Este nuevo poder económico no está integrado sólo por los chacareros de la periferia de la zona productora núcleo que se mostró por TV. Se trata en realidad de un entramado más complejo y extenso que, además de la producción primaria, incluye a las grandes multinacionales proveedoras de insumos, tecnología y servicios. También a la constelación de pymes proveedoras de servicios, tanto los directos a la producción primaria, como el comercio y el transporte. Y por supuesto, también a los nuevos rentistas que surgieron de una novel conjunción: la necesidad de una mayor escala en la producción por el cambio técnico y la afluencia de ingentes masas de capital financiero al sector. La conjunción resultó posible no sólo por las propiedades inmanentes de la fertilidad de la pampa, sino porque merced a la evolución de los precios internacionales el sector ofrece, aun con retenciones, tasas de ganancia por encima de la media de la economía. La contracara de los vituperados pools de siembra y fondos de inversión agraria, entonces, son estos nuevos rentistas que se manifestaron ruidosamente en las ciudades. En los medios de comunicación, en tanto, el nuevo bloque de poder económico reemplazó en el ranking de anunciantes a las privatizadas, que hegemonizaban el aporte a la torta publicitaria durante los ’90. El “enemigo” al que el Gobierno decidió doblar la apuesta en varias oportunidades es el más poderoso de la nueva Argentina.
Pero si bien esta lucha entre Gobierno y un poder corporativo es parte del escenario, resulta insuficiente para explicar el enfrentamiento de más de cuatro meses y la creciente disgregación de la “Concertación Plural” que, entre otros efectos, rescató a la Unión Cívica Radical de un seguro ocaso en las últimas elecciones presidenciales, esos mismos “Radicales K” que ayer dieron la espalda al aliado circunstancial regresando a su vieja entraña conservadora. Es una explicación insuficiente, porque los actores de la disputa no fueron sólo los dos principales. Las clases medias tuvieron un papel protagónico. Con su ecléctico apoyo urbano a la protesta campera brindaron el contexto para que una reacción puramente corporativa se transforme en movimiento social.
Y aquí, una vez más, lo económico se confunde con lo político. La protesta liderada por “el campo” coincidió con el momento en que la erosión del consumo de los sectores medios por vía de la inflación comenzaba a volverse palpable. La economía no entró en crisis, pero los números oficiales del Indec se convirtieron en una burla mensual al bolsillo de los asalariados. Es muy probable que el Gobierno haya desdeñado el efecto de esta manipulación de las estadísticas sobre el humor social, pero la convergencia se volvió explosiva y la desconfianza se extendió a la totalidad de los actos de gobierno. Recién entonces el estilo cerrado de ejercicio del poder K comenzó a molestar a quienes antes lo toleraban e incluso acompañaban en las urnas. Luego, el proceso se retroalimentó. Quitarle las rutas a la economía por 100 días melló las expectativas, generalizando un clima de zozobra casi incomprensible en un período de expansión económica.
Desde el punto de vista económico, la derogación de la Resolución 125 representa un paso atrás en la búsqueda del equilibrio entre las diferentes ramas de la producción agraria. La sojización del agro local se profundizará, aunque en este punto debe reconocerse que las compensaciones ya habían licuado parte de los efectos. Incluso los recaudatorios: Pensaban recaudarse 1200 millones de dólares extra a la vez que se otorgarían compensaciones por 800. El neto sería sólo de 400 millones. Desde el punto de vista de “la caja” la soja a casi 600 dólares la tonelada garantiza la ausencia de problemas más allá de que las retenciones regresen al 35 por ciento. Lo que sí se perderá son las consecuencias macroeconómicas de la medida, en particular la acción de barrera frente a la inflación importada. Sin embargo, las retenciones no son el único instrumento que el Estado dispone para reequilibrar la producción agraria y controlar la inflación. Seguramente los técnicos del Ministerio de Economía estarán por estas horas evaluando alternativas. En materia de inflación, deberá reconocerse que la manipulación de las estadísticas agrava el problema. No es posible combatir lo que se dice que no existe.
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