sábado, 4 de abril de 2009

Más muertes por abortos clandestinos

¿Hasta cuándo?

Dos mujeres jóvenes y pobres murieron en Rosario, a causa de abortos clandestinos. Los números oficiales dicen que al menos 100 mujeres mueren cada año en Argentina como consecuencia de abortos realizados de manera insegura. Mientras tanto, en el Congreso de la Nación se dan el lujo de demorar el tratamiento de proyectos que proponen la despenalización y/o legalización del aborto en nuestro país. Desde enREDando nos preguntamos ¿hasta cuándo en Argentina, las niñas y mujeres pobres van a seguir siendo penadas con la muerte? Opinan Mabel Gabarra (MAR e Indeso Mujer) y Gabriela Sosa (Programa Juana Azurduy).

Una vez más, la impotencia. Una vez más, el dolor de la injusticia. Una vez más, la hipocresía patriarcal reina en el mundo del revés.

Las portadas de los diarios de la ciudad de Rosario dieron a conocer la muerte de dos mujeres jóvenes, pobres, humildes. Fallecieron en el Hospital Provincial a causa de complicaciones por abortos inseguros. Para muchos, la muerte de Carina -una de las chicas de tan solo 30 años- y la de la joven de 24 años, cuya identidad no trascendió, son tan solo números que se suman a las tristes cifras de muertes que se cobra la penalización del aborto en Argentina.

Sin embargo, para las numerosas mujeres que dan pelea al interior de los movimientos sociales, son historias de vida que exigen justicia y un aclamado grito por la despenalización y legalización del aborto. Esta lucha ya llegó al Congreso de la Nación, cuando la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó en el año 2007, un proyecto que reclama la despenalización y legalización del aborto en todos los casos y antes de las 12 semanas de gestación. Además existen otros 16 proyectos que tienen estado parlamentario.

Sin embargo, la discusión parece no tener quorum en el recinto del Congreso, donde por estas horas algunos bloques están más preocupados por defender los intereses de los patrones de la soja que los derechos violados de las mujeres pobres que mueren en los hospitales públicos.

Nos llena de impotencia volver a decir, una vez más, que la penalización del aborto tiene como peor consecuencia la muerte de cientos de niñas y mujeres jóvenes. Algunas de ellas trascienden, muchas más, quedan ocultas en el miedo, el silencio y hasta la vergüenza. Médicos, funcionarios, jueces y gran parte de esta sociedad las pena con la indiferencia, la hipocresía, el maltrato y las leyes. Y ellas mueren por ser pobres.

Así murió Carina, mamá de tres niños de 7, 11 y 16 años, al padecer una infección generalizada que fue, en primer término, asistida en el Hospital Centenario. Allí, increíblemente, la derivaron a su casa con tan solo una receta de Ibuprofeno. Al día siguiente fue atendida de urgencia en el Hospital Provincial, donde fallece el viernes 20 de febrero. Por este motivo, la Secretaría de Salud de la provincia inició un sumario administrativo para “deslindar responsabilidades” por la atención recibida en el Centenario.

“Hay dos cuestiones que nos interesa remarcar. Lamentamos profundamente la muerte de estas dos chicas jóvenes, que además son de sectores pobres que tienen que ir a hospitales públicos cuando ya no dan más y que demuestran una vez más que son muertes evitables, que se podría haber prevenido, que realmente exista una legislación que establezca la educación sexual, que dé anticonceptivos, previene los abortos y si no lo pudo prever que haya una posibilidad de que puedan ser atendidas legalmente en un efector público de salud. Todo eso se puede hacer. Lo que da mucha bronca e indignación que sigan muriendo jóvenes por causas que son evitables”, apunta Mabel Gabarra en diálogo con enREDando.

Un aspecto que merece ser investigado es la atención que recibió Carina en el Hospital Centenario y que, en general, es la misma atención que reciben muchas de las chicas que llegan por complicaciones de abortos sépticos. “En el caso de Carina, el día anterior fue al Centenario y le dijeron que tenía una inflamación. En su descargo las médicas dijeron que ella nos les dijo que se había realizado un aborto. Lo que nosotras decimos es que se debería haber investigado más, porque si esa joven, 24 horas después, tenía una infección generalizada, las causas de esa infección, 24 horas antes, quizás podrían haber sido detectadas y tratadas de forma urgente. Estamos diciendo que habría que investigar si no hubo negligencia”, explica Gabarra.

“No hay derecho, no es justo, que las mujeres por pertenecer a un sector social de pocos ingresos tengan que recibir una mala atención y un mal trato que no hace a la dignidad a la mujeres. En esto, creo que pesa mucho lo religioso, los principios morales de la gente que atiende, que en ningún caso debería ser un obstáculo para atender bien”, opina Mabel. “Tampoco deberían negarse. El efector público está para atender bien, no mal.”

A nivel nacional, según estadísticas oficiales, hay aproximadamente unas 100 mujeres que mueren anualmente a causa de abortos clandestinos. Para Gabarra, los números son muchos más. “En el movimiento de mujeres, hablamos de casi unas 300 mujeres. Decimos, una mujer por día muere por aborto clandestino. Realmente mueren muchas mujeres por causa de prácticas de aborto que no figuran como tales.”

Responsabilidades del Estado

La consigna de la Campaña Nacional es contundente.“Educación sexual para decidir, aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar”. El reclamo es y sigue siendo lograr una efectiva prevención para evitar embarazos no deseados. En esto, se vuelve imprescindible contar con una ley de educación sexual en las escuelas y una adecuada administración de anticonceptivos en los efectores de salud públicos. “Creemos que la mejor forma de prevenir el aborto es tener un buen plan de anticoncepción. Que las mujeres puedan acceder, que esten informadas, que lleguen a todos lados. Desde la municipalidad afirman que los anticonceptivos no han llegado a la provincia de la manera en que tenían que hacerlo. La cuestión es que constatamos que no todas las mujeres acceden a los anticonceptivos. Especialmente el año pasado hubo faltas de anticonceptivo en las provincias y en otros años se vencían porque no se había repartido. Cada caja que no se reparte es un posible embarazo no deseado y esto puede provocar un aborto. Cada mujer que tenga un embarazo no deseado y quiera abortar lo va a hacer, en el caso de las mujeres pobres, lo hace de manera insegura”, opina Gabarra.

Por su parte, Gabriela Sosa del Programa Juana Azurduy afirma que “las mujeres pobres son las principales victimas de un sistema educativo provincial que recién este año se plantea la aplicación de la Ley de Educación Sexual en las escuelas, que fue promulgada para su inclusión curricular en Diciembre de 1992.”

También coincide en que son las mujeres pobres quienes padecen la falta de información sobre la utilización de la pastilla del día después y de campaña masivas sobre salud sexual y reproductiva, además de ser las principales “víctimas de los malos tratos en hospitales públicos cuando llegan en situación de aborto.”

En el Congreso

“El año pasado no avanzó la discusión en el Congreso. Graciela Ocaña desde que asumió no hizo una buena gestión. No le puso voluntad para que se desarrolle el programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y tampoco impulsa proyectos que avancen en ese sentido. No creemos que con las elecciones de este año haya un cambio favorable en el parlamento”, señala una decepcionada Mabel Gabarra.

Más allá de las escasas expectativas para que la discusión avance, el Movimiento de Mujeres sigue dando batalla. “Seguiremos trabajando. Los legisladores deberán entender que cada muerte que se produce le va a cargar también a ellos. El derecho a la vida no se defiende con la penalización del aborto.”

Gabriela Sosa sostiene que “está claro que presiones políticas y religiosas no permiten este debate. Se evidencian de manera recurrente inconvenientes en la aplicación de la legislación actual que plantea: “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;

2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

¿Acaso no está en peligro la salud psicológica de las mujeres de este país cuando se las obliga a afrontar un embarazo no deseado, por los motivos que sea?”, se pregunta.

Avances y retrocesos.

A modo de balance, Gabarra sostiene que “hace 10 años era impensable que el tema se discutiera públicamente. Se produjeron casos de muertes de jóvenes muchísimos. Sin embargo nunca tuvieron la repercusión que tienen ahora. La sociedad en su conjunto está más sensibilizada. Mucha gente está por la despenalización, según las encuestas. Eso es un avance, logrado con la movilización, con la denuncia, con la exigencia, con el reclamo. No hay otra. Creo que los retrocesos tienen que ver con que nosotras pensamos que por lo menos el año pasado se iba a discutir el proyecto y llegó un momento en que la mayoría parlamentaria que depende del oficialismo dijo que no. Ni siquiera se discutió, la aprobación en comisiones, eso fue un retroceso. La lucha sigue como siempre. Y las reinvindicaciones en el día de la mujer no han cambiado”.

Paso a paso, lentamente, la resistencia de las mujeres es siempre la misma. Ha habido avances y también golpes duros que afectan a la lucha. Pero ellas siguen, cada una desde espacios diferentes, apostando a la igualdad de género, contra la violencia y a favor de una legislación que defienda el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo.


Fuente

Texto producido por el sitio http://www.enredando.org.ar/.


http://www.enredando.org.ar/noticias_desarrollo.shtml?x=46634

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